HISTÓRICO: EJECUTA FACH ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA JUEZ PENAL

En un hecho de profunda trascendencia para la vida institucional de Chihuahua, agentes de investigación de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ejecutaron una orden de aprehensión, librada por autoridad judicial competente en segunda instancia, en contra del servidor público de iniciales M.J.T., quien se desempeñaba como Juez de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial Hidalgo y actualmente se encuentra suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial. 

Lo anterior lo dio a conocer el Fiscal Anticorrupción Abelardo Valenzuela, quien señaló que se trata de la primera ocasión en que la Fiscalía Anticorrupción ejecuta una orden de aprehensión contra una persona juzgadora penal en funciones, por hechos presuntamente cometidos en el ejercicio de su encargo.

En este sentido el titular de la FACH señaló que la actuación ministerial fue resultado de una investigación exhaustiva, técnica y rigurosa, iniciada a partir de denuncias ciudadanas presentadas formalmente ante este órgano especializado, relacionadas con presuntas irregularidades cometidas dentro de un proceso penal en curso. Los datos de prueba recabados por la representación social permitieron establecer, de manera preliminar, que el hoy imputado habría realizado dolosamente actos contrarios a la ley con la finalidad de favorecer indebidamente a una de las partes, conducta que la Fiscalía determinó encuadra en la probable comisión del delito por hecho de corrupción como lo es el de Prevaricación agravada, previsto en el Código Penal del Estado de Chihuahua.

No obstante, Valenzuela Holguín mencionó que, de acuerdo con la investigación, el abogado defensor solicitó una audiencia de revisión de medidas cautelares durante el periodo vacacional del Poder Judicial, sin que se tratara de un asunto urgente. Previamente, otra persona juzgadora había determinado la vinculación a proceso del imputado y la imposición de prisión preventiva justificada; sin embargo, se presume que M.J.T., al conocer de dicha audiencia, habría modificado esa determinación y otorgado una ventaja procesal indebida a la defensa. La investigación también permitió establecer la existencia de una relación de amistad entre el juez investigado y el abogado defensor. Asimismo, la Fiscalía sostiene que durante la audiencia el juzgador habría rebasado los límites propios de ese acto procesal al cuestionar y descalificar los argumentos de su homóloga, asumiendo materialmente una función revisora que corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes mediante los mecanismos de impugnación establecidos por la ley.

“La Fiscalía Anticorrupción precisa que su actuación no implica cuestionar la independencia judicial ni revisar el sentido de las resoluciones jurisdiccionales por el solo hecho de ser contrarias a una determinada postura. La función de esta institución es investigar aquellas conductas en las que el ejercicio de una responsabilidad pública pudiera haberse desviado de su finalidad constitucional para favorecer intereses particulares o indebidos. En este caso, además, el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la modificación de una medida cautelar requiere que hayan variado objetivamente las condiciones que justificaron su imposición, circunstancia que forma parte del análisis realizado por el Ministerio Público”, refirió el Fiscal Valenzuela.

“En el contexto del debate nacional sobre la democratización y los mecanismos de elección de jueces y magistrados, Chihuahua demuestra que cualquier modelo de designación debe estar acompañado de instituciones capaces de exigir rendición de cuentas cuando existan elementos que apunten a una conducta delictiva. La Fiscalía Anticorrupción refrenda su respeto absoluto a la división de poderes, a la función jurisdiccional y al criterio de los juzgadores, pero también su determinación de investigar y llevar ante los tribunales cualquier conducta de corrupción, sin importar el cargo o investidura de quien sea señalado. En Chihuahua, la ley es una sola y se aplica con la misma vara para todos: nadie está por encima de la ley”, concluyó.